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México: Inseguridad globalizada versus Estado fallido

La inseguridad en México y las posibilidades de superarla

Por Manuel Sánchez Gómez-Merelo


Las oportunidades en México hoy son más importantes que la inseguridad pero, si todos los cambios no se realizan en un corto y medio plazo, se recrearán movimientos sociales fuera del sistema, incluso con radicalización de sus componentes.

 

Actualmente, existe un debate que se desplaza hacía el grave problema de la inseguridad globalizada en México derivado, principalmente, del crimen organizado, que tiene como principales habilitadores el secuestro, la crisis, el transporte, el comercio, la corrupción y el comportamiento antisocial, entre otros, una situación significada por tasas altas en secuestros, violación, lesiones importantes, robo con violencia, extorsión telefónica, homicidios dolosos, etcétera.

Pero, quizá el factor fundamental para una mayor violencia en el país es "el aumento de 37 por ciento en la tasa de homicidios desde 2007", el primer año de mandato del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), que lanzó una lucha frontal contra el crimen organizado e implementó la “Estrategia Nacional de Seguridad”, declarado la guerra contra el narcotráfico, involucrando al Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico, principalmente en operativos especiales en Michoacán, Tijuana, Nuevo León y Guerrero.

No obstante, en 2013 a México se le clasifica como “el segundo país más violento de América Latina”, según un estudio reciente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Entre los estados con mayor problemática de asaltos se encuentra el Estado de México, Veracruz, Querétaro, Guanajuato y Tamaulipas, estos últimos con un incremento que oscila entre 56 por ciento y 167 por ciento en el último año. 

Acapulco es la segunda ciudad más violenta a nivel mundial, según el ranking de 50 ciudades realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Este municipio guerrerense presentó un índice de 142,88 homicidios por cada cien mil habitantes en el último año. 

Este ranking mundial, presentado recientemente a la prensa, sitúo a San Pedro Sula (Honduras) como primer lugar con una tasa de homicidios de 169,30 y a Caracas (Venezuela), en tercer lugar con una tasa de 118,89 homicidios por cada cien mil habitantes. 

Otras ocho ciudades mexicanas fueron consideradas dentro del ranking: en el lugar 5, Torreón; Nuevo Laredo, en el 8; Culiacán, en el 15; y Cuernavaca, en el 18.

Todo ello es el resultado del incremento de los asesinatos de funcionarios estatales y municipales (alcaldes, secretarios de seguridad, policías, diputados, etc.), además del aumento generalizado de los enfrentamientos armados entre grupos criminales y fuerzas del Ejército, la Marina y la Policía Federal con múltiples masacres de personas de distintos bandos. En consecuencia, ciertos círculos ciudadanos comparan la situación actual con la “guerra” del Presidente Calderón en el sexenio pasado de 2006 a 2012, que tuvo un balance de cerca de 100.000 muertos, en su gran mayoría miembros de la delincuencia organizada.

Así, en Tamaulipas y en Guerrero, el Gobierno Federal se ha visto obligado a enviar refuerzos especiales del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal para intensificar los operativos, principalmente contra los narco-cárteles. 

La creciente violencia y los altos índices de homicidios, secuestros y extorsiones en el Estado de México, principalmente en las zonas conurbanas con el D.F., se refleja también en un aumento de delitos y crímenes en la Ciudad de México.

También hay que tener en cuenta que el número de armas de fuego que están siendo introducidas de contrabando a México se ha triplicado en la última década y como consecuencia los crímenes con armas se han incrementado en 117 por ciento en el último año. 

Por otro lado, se revela la ineficacia del sistema judicial que registró un deterioro significativo en algunos Estados, ya que hasta el 95 por ciento de los homicidios quedan impunes.


Robos. 

Si hablamos de robos con violencia, los realizados en carreteras y ferrocarriles, se han convertido en un gran daño patrimonial a la economía formal. En el transporte por ferrocarril, el año 2013 mantuvo el mismo comportamiento elevado de robos que en años anteriores, cerrando con alrededor de 31.000 toneladas sustraídas durante todo el año en las diferentes rutas del país.

La cifra oficial de lo que representa el ataque en general de la delincuencia organizada, incluyendo lo que implica el asalto al transporte, asciende a más de 215.000 millones de pesos (12.000 millones de euros) anuales.

En la actividad minera incluso se ha sabido de casos en los que comandos han tomado minas completas, con todo y trabajadores. De acuerdo con información difundida por diversos medios, esta actividad ha tenido que destinar más de 30 millones de euros anuales en dispositivos de seguridad y vigilantes privados.

Según información de Petróleos Mexicanos (PEMEX) los robos de carburantes han ascendido a casi 7.000 millones de pesos (400 millones de euros) durante 2013, a través de más de 500 tomas clandestinas (“ordeñes”) en oleoductos, e incluye el asalto y robo de unidades completas que transportan gasolina y diesel. Casi 700 millones de litros del combustible que se importa de EE.UU.

En cuanto a otros robos, durante 2013 las cifras ascendieron a casi 40.000 toneladas, de las que 36.000 fueron de productos agrícolas, 2.500 toneladas de cemento, 830 toneladas de productos químicos, 412 de productos industriales y 130 de minerales. 

Igualmente, los constructores han resultado muy afectados en diversas áreas del país, con robos de maquinaria y asaltos a sus almacenes. De la misma forma, en diversas zonas los constructores están siendo obligados por la delincuencia a pagar importantes cantidades de dinero para que les permitan avanzar en el desarrollo de obras de infraestructura. 


Extorsión. 

En esta actividad, la delincuencia organizada también ha aplicado como parte de la extorsión el cobro del “derecho de transportación” y ha crecido en forma alarmante el cobro por el “derecho de piso”, lo que ya se puede considerar como un “impuesto adicional” que los empresarios han tenido que contemplar en sus presupuestos habituales. 

Las actividades más afectadas por la extorsión podrían ser la comercial y la agrícola, así como los carburantes, la minería, la siderurgia, el cemento y la construcción. 

En este sentido, el crimen organizado se está haciendo a través de la violencia, de ingresos lícitos en las actividades de la venta de pollo, cerveza, oro y plata y otros alimentos. Hay, por tanto, alarma entre la comunidad empresarial debido a que la extorsión y el secuestro se están incrementando de manera importante.


Secuestro. 
El tema del secuestro es especialmente grave. Los datos oficiales de México dan 1.700 secuestrados en 2013, cuando los reales, igualmente recopilados de instituciones oficiales, indican que son más de 3.500, y subiendo. Actualmente, en cifras absolutas y relativas por habitantes, México es el primer lugar del mundo en secuestros. 


Narcotráfico. 
Finalmente, como facilitador de violencia, hay que tener en cuenta que, el 95 por ciento del negocio/consumo de cocaína en EE.UU, pasa a través de México. 


Ciberdelitos. 
En esta actividad, las autoridades gubernamentales presentan un gran número de impedimentos para reducir el delito cibernético y aumentar su seguridad en el país. Uno de ellos es la flagrante falta de legislación que permita a las entidades policiales actuar en forma inmediata para enfrentar las amenazas a la Ciberseguridad y los permanentes atentados.

De los incidentes denunciados ante la Policía Federal mexicana, sin incluir incidentes que involucraron a ciudadanos particulares, aproximadamente el 31 por ciento fueron contra instituciones gubernamentales, el 26 por ciento contra entidades del sector privado y el 39 por ciento contra organizaciones académicas.

Los incidentes de acceso lógico no autorizado aumentaron aproximadamente un 260 por ciento, las infecciones de virus se incrementaron un 323 por ciento y los incidentes de phishing aumentaron un 409 por ciento.

Con todo ello, y como resumen, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), organismo internacional especialista en seguridad y economía, ha publicado recientemente el Índice de Paz Global (IPG) 2014 y da a México una calificación de cuatro puntos sobre cinco en la criminalidad percibida en la sociedad y refleja que el impacto total de la violencia en la economía equivale a 127.000 millones de euros. El Índice de Paz Global 2014, calcula que el coste para contener la violencia en el país equivale a 9.4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). 

El IEP se define como una organización internacional independiente y no partidista, dedicada a “la divulgación con mayor comprensión de los factores clave y métodos de medida de la paz, desde una perspectiva socioeconómica y macroeconómica”.

El Índice de Paz Global (IPG), sobre el impacto de la violencia en la economía, está constituido por 22 indicadores, entre los que destacan pobreza, gastos en seguridad privada, pólizas, corrupción, inversión en tecnología y caída en la actividad comercial, ineficacia Gubernamental y del Sistema Judicial y pobre Estado de Derecho, entre otros. El IEP mide la paz en 162 países y en esta, su octava edición, México ocupa el sitio 138 con un nivel “bajo” de paz.

La consecuencia es que el gasto correspondiente para frenar al crimen y la violencia es similar a duplicar lo destinado a salud y educación. 

Finalmente, para hablar de avances contra el crimen organizado y definiendo la paz como “la ausencia de violencia o miedo a la violencia”, entre las últimas noticias positivas, difundidas por El Universal recientemente, cabe destacar que “Sube percepción de seguridad: El 33 por ciento opina que el plan (anticrimen) del presidente Peña Nieto da resultados y que su estrategia de seguridad ha hecho que México sea un país más seguro. Igualmente, el 47 por ciento de los encuestados opina que el principal problema que debe atender el gobierno es económico, mientras que para el 39 por ciento el principal problema es la inseguridad”.

Capítulo aparte merece el tema de la corrupción, como uno de los mayores retos a que se enfrenta México, con nueve de cada diez personas que perciben que la policía y otros funcionarios del gobierno son corruptos. 

Y esto merece y exige un reconocimiento y compromiso para afrontar los problemas. Reconocimiento y voluntad política sin paliativos, así como un pacto político y un compromiso social. En definitiva, una política de tolerancia cero en la lucha contra la irresponsabilidad y la impunidad con una rigurosa depuración de responsables. 

Y, para eliminar la corrupción y la impunidad, se precisa de rigor y justicia ciudadana. Luchar contra la corrupción debe ser un compromiso social y político.


Estado fallido. 

Con todas estas graves inseguridades más el elevado índice de pobreza, el subdesarrollo y la crisis, el país camina hacia la ingobernabilidad. 

En este sentido, considerando la caótica confluencia de transgresiones: incidencia de homicidios dolosos por organizaciones armadas; acciones impunes de esos agentes de la violencia a la luz publica; operación en centros de confinamiento, desapariciones, etc.; acciones terroristas; practicas de desplazamientos forzados; control territorial de los grupos delictivos; imposición de peajes o impuestos revolucionarios; impunidad ante los cobros periódicos; robo sistemático o despojo; secuestro masivo; trata de personas sistemática; control de la policía y coacción por delincuentes en actividades comerciales licitas; intimidaciones a medios de comunicación, se puede considerar la tendencia de la situación hacia un Estado Fallido, con cada vez más voces diversas que claman con fuerza en este sentido en el país y, especialmente, sobre los casos de Tamaulipas y Michoacán.

En estos casos, el gobierno ha decidido actuar con rigor contra la causa de la aparición de las autodefensas: el expolio impuesto a los michoacanos por el grupo criminal de Los Templarios. Aun cuando falta capturar a varios líderes y desmantelar toda la estructura de esa organización, se le han propinado golpes certeros y se ha puesto fin al expolio, al menos en la región de Tierra Caliente, precisamente donde las autodefensas aparecieron. 

El diagnóstico básico, en resumen, es que es fundamental el reconocimiento de la situación actual y disponer la voluntad política para transformarla, así como tomar acciones drásticas, llegando si es necesario a la suspensión de garantías, toma del control ejecutivo y depuración y sanciones a los responsables. 

En este aspecto, también hay que reinventar la policía con su depuración y reordenación, con un compromiso social y político hacia un esquema único de seguridad, incluyendo a una reformada seguridad privada profesional y especializada. En este aspecto, también el expresidente Felipe Calderón, inició una reforma de los cuerpos policiales del país, transformando la Policía Federal, pasando de una fuerza de seis mil miembros en 2006 a 36.000 en 2012 con la incorporación de más de 7.000 jóvenes con formación universitaria. Igualmente se llevaron a cabo los procesos de certificación de casi la mitad de los policías, implementando lo que llamó “Programas y Estrategias Nacionales de Seguridad.

Por otro lado, es fundamental revisar el ordenamiento penitenciario y recuperar el control de las cárceles, donde más de la mitad de los centros se encuentran en régimen de autogestión por los presos. Una urgente recuperación con la necesaria reestructuración ética y profesional con el apoyo y aceleración de un sistema judicial libre y comprometido.

Todo ello, en aras a la recuperación de la confianza ciudadana que ha de percibir que se hace efectivo el respeto a los derechos humanos y justicia social pues, como destaca el IEP, "México es el país con las mayores oportunidades para superar sus actuales niveles de violencia y construir una sociedad más pacífica basada en un sólido ambiente de negocios, los altos niveles de capital humano y la facilidad de acceso a los servicios" y añade, "En condiciones óptimas, si no hubiera violencia en México, la economía tendría el potencial de mejorar hasta en un 27,7 por ciento”.

En cualquier caso, las oportunidades en México hoy son más importantes que la inseguridad pero, si todos estos cambios no se realizan en un corto y medio plazo, está garantizada la recreación de movimientos sociales fuera del sistema, incluso con radicalización de sus componentes.

En definitiva, aunque todos los datos indican que México se encuentra en un estado de grave inseguridad y alarma social y con tendencia hacia un Estado Fallido, con voluntad política y rigurosos proyectos basados en la Seguridad Ciudadana y Nacional, el país está más que capacitado para presentar, sin duda, un futuro inmediato muy positivo y esperanzador. México puede.

 

El Prof. español Manuel Sánchez Gómez-Merelo es consultor internacional en temas de seguridad. Gracias!

 

 

 

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